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Condena anunciada

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La sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del pasado 28 de enero, mediante la cual se condenó al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar a pagar una multimillonaria suma a un particular, sienta un grave precedente en materia de invasiones de predios en la ciudad. Es, en pocas palabras, la crónica de una condena anunciada por la reiterada omisión de las autoridades locales en ponerle freno a la proliferación de los barrios de invasión.

Los hechos que dieron lugar a esta condena que supera los 56 mil millones de pesos se remontan a la administración Luis Fabián Fernández Maestre, en cuya mandato se inició la invasión Tierra Prometida por unas cuantas personas que en ese entonces no llegaban a la centena. A pesar de las reiteradas solicitudes de desalojo del propietario, los invasores se las ingeniaron a través de cuestionables acciones de tutela y otras argucias jurídicas para suspender los procedimientos de desalojo, todo ello ante la mirada cómplice del alcalde Fernández Maestre y del personero de la época Nicomedes Vásquez.

Así, lo que era un problema solucionable a través de una acción policiva, se salió de madre y la invasión creció exponencialmente hasta convertirse en una verdadera bomba social: de menos de cien personas en su etapa inicial rápidamente pasó a albergar a más de 800 familias y cerca de tres mil personas que hoy la habitan. Los invasores iniciales pasaron de tener pequeños cambuches de cartón, plástico y madera a casas en ladrillo y concreto, algunas con grandes comodidades como aire acondicionado, internet y cable operador. En estas condiciones es sumamente difícil desalojar a los actuales habitantes, razón por la cual la justicia consideró que la solución más viable a semejante problema era proceder a indemnizar al propietario del predio con la cuantía antes anotada.

Este caso judicial vuelve a poner en tela de juicio las fallidas políticas de las autoridades locales en materia de respeto de la propiedad privada en Valledupar, ciudad donde han proliferado, sin control alguno, los barrios de invasión, muchas veces por física omisión de las autoridades y otras por soterrado apoyo de las mismas por mezquinos fines politiqueros.

El problema es que, además de la de Tierra Prometida, cursan en contra del municipio varias demandas similares por otras invasiones, como Emanuel, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte, entre otras. Si en todas ellas es condenado el municipio con cifras similares, se vería seriamente afectada la salud financiera de la ciudad.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas y financieras, el problema de fondo es que la ciudad no puede seguir creciendo a punta de invasiones que perturban las reglas mínimas de planeación urbanística y plantean un enorme desafío en materia de extensión de la red de servicios públicos a tales comunidades. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia las invasiones de predios “no pueden generar derechos, ni expectativas legítimas”.

Detrás de las invasiones, se esconde un negocio ilegal de mafias articuladas expertas en invadir predios, parcelarlos ficticiamente y revenderlos a segundos ocupantes. Estas mafias operan con la complicidad de autoridades y de políticos inescrupulosos que luego explotan las necesidades de los ocupantes con la promesa de legalización de los predios.

No puede olvidarse que dentro de este contexto es que la Fiscalía General de la Nación le imputó al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco los delitos de corrupción al sufragante y favorecimiento de invasiones por haber firmado un documento en el cual se comprometía a no desalojar a los habitantes de la invasión Tierra Prometida. Y el alcalde actual Augusto Ramírez Uhía tampoco está a salvo: a falta de uno, Uhía firmó dos compromisos políticos: uno con los habitantes de Tierra Prometida y otros con los habitantes de la invasión del mayor Alberto Pimienta Cotes. 

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