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Privados de la competitividad

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Hace once años un grupo de empresarios decidió invitar al presidente del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, Michael Porter, para que los orientara en la construcción de una estrategia que les permitiera mejorar la competitividad de país, ante el reto que se venía con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Este gurú mundial de la estrategia y la competitividad les recomendó crear un ente conformado por el sector público y el privado con el objetivo de “promover y poner en marcha políticas económicas y de desarrollo social” para incrementar la productividad y el crecimiento del país. Fue así como nacieron, en el año 2006, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y posteriormente el Consejo Privado de Competitividad, para cumplir con esta misión. Desafortunadamente, estas buenas intenciones se quedaron en la fase de los diagnósticos, estudios, propuestas y foros. Las inversiones para aumentar la competitividad nunca llegaron.

Esta fue la conclusión de un grupo de agroexportadores costeños reunidos en un debate sobre las perspectivas del comercio exterior en Colombia, organizado en días pasado por este periódico en la ciudad de Santa Marta. Todos coincidieron en que aún estamos en pañales en materia de competitividad. Las cifras expuestas por el empresario bananero Edgar Chalhoub demostraron que en este país ha faltado compromiso, visión y voluntad política para enfrentar el reto de la internacionalización de nuestra economía.

Para que tengan una idea de lo atrasado que estamos, en el ranking de competitividad ocupamos el tercer peor lugar en desempeño logístico (después de Bolivia y Venezuela), vamos en la cola en infraestructura vial (después de Paraguay y Venezuela) y somos los campeones en carga impositiva (con Argentina y Bolivia). En estas condiciones es muy difícil competir allá afuera.

Tampoco se puede ser competitivo cuando se tiene que cumplir con 33 reportes ante entidades como la Dian, ICA, UIAF, Dane, Minagricultura, Mintrabajo, Supersociedades, SIC y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Además, de los gastos adicionales que se requieren para cubrir los riesgos de seguridad como el narcotráfico, el hurto y la extorsión, en la cadena de suministros. A los importadores de materia prima no le exigen ni el 5% de estos trámites. Queda claro porqué llevamos tres años consecutivos con la balanza comercial negativa.

Lo peor del cuento es que en el Presupuesto General de la Nación para 2017 no vemos ninguna partida para impulsar la competitividad del sector agroexportador del país. En la Región Caribe, por ejemplo, nos dejaron por fuera la línea férrea que conecta el centro del país con los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. La doble calzada entre Barranquilla-Ciénaga y Bosconia sigue aplazada, la navegabilidad del Rio Magdalena está embolatada y la vía Valledupar-Riohacha, que permitiría desarrollar unos clúster turístico y de carga en las costas de Dibulla y Palomino, también se esfumó.

También engavetaron la construcción de los distritos de riego del Ranchería (La Guajira), los Besotes (Valledupar), y los canales de riego de la Mojana (Sucre) y el Magdalena con los cuales podríamos desarrollar unas 500.000 hectáreas  de agricultura de exportación. Parece ser que estamos condenados a seguir privados de la competitividad.

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