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Asegurando siniestros

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En noviembre de 2002, el Ministerio de Agricultura me encomendó la misión de ir a España a conocer el exitoso sistema de seguros agrarios implementado en ese país para ver la posibilidad de montar un esquema parecido en Colombia.

A finales de enero de 2003, presenté al ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación un borrador de un proyecto de Ley con 35 artículos, en los que planteaba unos elementos básicos que definían el funcionamiento del nuevo Sistema de Seguros Agrarios colombiano. Como suele suceder en el sector público, el texto de la propuesta fue a parar a manos de unos burócratas sin experiencia en el tema y el proyecto de Ley quedó reducido a tres articulitos en un Plan Nacional de Desarrollo.

Para ponerlos en contexto, en Colombia la normatividad del seguro agropecuario se encuentra refundida en una serie de leyes (69/1.993, 101/93, 633/00, 812/03, 1151/07 y 1450/11), decretos y resoluciones que obstaculizan la eficiencia en la cobertura de los seguros contra riesgos climáticos. Por ello, era necesario recoger en un solo texto la normativa referente a la materia y diseñar una legislación e institucionalidad acorde con la realidad del país y el cambio climático.

Diez años después (2013), pude constatar que este sistema de seguro agrario solo había podido asegurar 61.000 hectáreas de 6 millones que se cosechaban en el país. El mismo presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia –Fasecolda–, Jorge Humberto Botero, me envió una carta informándome de las preocupaciones que tenían en el sector asegurador respecto a dicho esquema, ya que por cada $100 de primas emitidas, $70 se destinaban al pago de siniestros y el resto a pagos administrativos y comisiones, configurándose una pérdida técnica que obligó a ciertas compañías respaldar con recursos propios el déficit de su operación.

Esto fue precisamente lo que quisimos evitar en 2003, con la propuesta de crear un esquema de coaseguro con un único administrador del sistema (Sociedad Anónima) que permitiera a las compañías de seguros escoger la participación de riesgo que quisieran asumir en función de su propia política aseguradora.

La ventaja del esquema de coaseguro es que permite hacerle frente a riesgos que, por su intensidad (sequía o invierno) y costo económico, son prácticamente inasumibles por cualquier aseguradora que actúe de forma aislada e individualmente. Aparte de lo anterior, está la economía de escala, que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, gestionan todo el sistema de Seguro Agrario con solo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. Y con ese presupuesto, además financian estudios de investigación relacionados con el comportamiento de los cultivos y los métodos de tasación que permiten a los peritos actuar de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.

Para 2015, el obsoleto esquema de seguro agropecuario colombiano alcanzó la cifra récord de $98.000 millones en siniestros. Con estos resultados, no tiene sentido que el Gobierno siga destinando más de $45.000 millones al año para subsidiar el 70% de las primas a los agricultores, porque en vez de asegurar riesgos está asegurando siniestros.

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