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Pendientes del posconflicto

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En la pasada columna comenté que no había encontrado diferencia alguna entre lo pactado en La Habana en el acuerdo No.1 —Reforma Rural Integrada— y lo exigido por décadas, por parte de los gremios de la producción agropecuaria y las organizaciones campesinas.

Más allá de estas negociaciones de paz, los gremios de la producción agropecuaria deberían ir pensando cómo ayudar a implementar estos acuerdos y lineamientos de política pública encomendados por la Misión Rural de cara al posconflicto. No más discusiones y diagnósticos trasnochados, llegó el momento de comenzar a trabajar coordinamente en equipo para que estas iniciativas orientadas al apoyo de los productores agrícolas, pecuarios y forestales, tengan un verdadero impacto en la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de sus negocios.

Para nadie es un secreto que en Colombia estamos urgidos de un nuevo modelo productivo agropecuario que tenga una visión empresarial y de administración de riesgos que conlleve a la innovación, al liderazgo rural y al buen manejo de los recursos naturales. Un nuevo modelo que nos permita enfrentar los problemas coyunturales del sector, con el fin de convertir esta actividad en un negocio que sea capaz de competir en los mercados internacionales, impulsar el empleo, el desarrollo rural y el equilibrio territorial. Y sobre todo que ayude a contrarrestar y eliminar las causas de las ineficiencias en proyectos productivos de la agricultura familiar.

Claramente, para conseguir este propósito es necesario que los agricultores y sus organizaciones, la empresa privada, los organismos académicos y los servicios públicos ligados al agro, constituyan una “Mesa Agrícola” que ayude al Gobierno Nacional a orientar las políticas sectoriales que requieren el agro colombiano en el mediano plazo y a direccionar de manera eficiente los recursos de inversión pública y cooperación internacional.

El primer trabajo que debería realizar esta Mesa Agrícola, es acordar con los ministros de Agricultura, Hacienda, Educación y Transporte, el presupuesto de inversión que se requiere en el 2017, para el sector agropecuario con el fin de bajar el costo país, aumentar la productividad, reducir los riesgos agropecuarios y alcanzar las metas de crecimiento trazadas en el programa “Colombia Siembra”. 

En ese sentido, habrá que presentar un plan anual de inversiones en obras de infraestructura vial, canales de riego, escuelas rurales y servicios públicos. Adicionalmente, se deben acordar los recursos de ayudas para administración de los riesgos agropecuarios, tales como el climático, la volatilidad de los precios de mercado y la tasa de cambio.

Paralelamente, se debe adelantar un trabajo con el Congreso de la República, para instituir los POT rurales municipales, presentar una nueva ley de bosques, plantear la creación de un Sistema Nacional de Presas y Canales de Irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores, modificar el servicio de asistencia técnica de las Umatas, rediseñar el sistema de crédito y seguro agrario. Es decir, diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1993, cuando se expidieron la mayoría de estas leyes.

Si resolvemos estos pendientes, el posconflicto en el campo, se convertirá en el negocio más rentable del país.

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