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Pido el derecho

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En alguna época de mi vida perdí la credibilidad en la Sesión V del Consejo de Estado, cuando vi amenazada mi permanencia en el cargo público que democráticamente había ganado ampliamente, debido a que algunos paisanos opositores se vanagloriaban del poder que ejercían sobre los magistrados conocedores de los temas electorales, quienes según ellos feriaban sin escrúpulos las providencias.

Hoy con preocupación recuerdo esa oprobiosa situación porque líderes políticos y económicos del departamento del Cesar, incluso unos con credencial en el Congreso de la República, categóricamente afirman que la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país saldrá favorable a los intereses del gobernador Franco Ovalle, porque según ellos ya ‘arreglaron’ con los consejeros.

Olímpicamente dicen que la Doble Militancia no existe como infracción a la ley, que la renuncia visible dentro del expediente del gobernador es válida y oportuna, así ésta no sea la misma que apareció en los archivos de Cambio Radical, sin registro en el libro radicador de correspondencia y además supuestamente recibida por una persona que en esa fecha no trabajaba para el partido, por lo que fácilmente podemos deducir que solo fue elaborada al momento de contestar la demanda.

Igualmente desprecian la certificación del mismo partido político que da fe de lo anterior, dándole crédito y fuerza procesal solo al tráfico de las influencias que dicen tener y al poder de las chequeras que aparte de castrar cualquier alternativa política nacida de las bases populares, también se ufana de manipular la voluntad de los entes de control y las altas cortes.   

Quiero pensar que eso no es así. Es cierto que en aquella época las sospechosas decisiones ponían en entredicho la honorabilidad de algunos jueces, pero han sido las mismas instituciones las que se han ido depurando y hoy gozan de la suficiente credibilidad que en condiciones normales hacen confiar en un pronunciamiento en derecho.

Conozco desde hace muchos años a la magistrada ponente, su formación ética e intelectual a toda prueba, superiores al caprichoso poderío económico que, utilizando todo tipo de componendas, pasa por encima de la inteligencia y el talento. A los demás magistrados no, pero intuyo deben tener sus mismas condiciones, ya que con sus sentencias han venido consolidando la confianza perdida en la barahúnda de intereses de los viejos consejeros.

No soy abogado, pero se dé un principio del derecho que dice: “Dame los hechos, yo te daré el derecho”, el cual reserva la aplicación de la ley al Estado, luego de haber valorado que los acontecimientos encajan en el supuesto de hecho de una norma. En ese postulado confiamos porque el proceso está lo suficientemente probado, lo demás sería la vulgar ‘leguleyada’ que consolida sofismas con la ayuda de elementos externos al sumario.

Esperemos que una petición justa no se pierda en la hermenéutica jurídica y sean las costumbres políticas del departamento del Cesar, quienes se oxigenen a favor del real bienestar del pueblo. Un abrazo. 

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