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En defensa de la Escuela de Paz

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Me ha sorprendido la cantidad de ataques (irrespetuosos la mayoría) y críticas ácidas a la administración municipal por la suscripción de un contrato con la politóloga y experta en justicia transicional Natalia Springer con el objeto de realizar un ciclo de conferencias para formar gestores de paz en el municipio de Valledupar (Ver contrato aquí)

El contexto

Antes de entrar en materia, debo decir que existen muchísimas otras áreas y aspectos para criticar a la administración Socarrás. Desde los dos medios radiales que dirijo (Radio Guatapurí y Cacica Noticias) he criticado durante su cuatrenio, a veces con dureza, pero siempre con justicia, sus desaciertos y falencias, bajo el entendido que, precisamente, la función del periodismo es ser un contrapoder de otros poderes establecidos, y, principalmente, del poder público.

A guisa de ejemplo, se le ha criticado a su administración desde estos medios el aumento de la inseguridad en las calles, los problemas de Emdupar, el desorden del tránsito (que tras la terminación de la concesión, pareciese ser peor el remedio que la enfermedad), y –ya que hablamos de contratos–, fuimos los primeros en develar el polémico contrato adjudicado a la firma Ágora S.A.S., con cuyo director el alcalde tiene un parentesco lejano (Ver nota Multimillonario contrato de asesoría enciende polémica)

Más recientemente, hicimos públicas unas grabaciones que dejan mal parado al alcalde con los líderes de barrios de invasión, barrios que posteriormente fueron incluidos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo (Ver nota Grabaciones comprometen al alcalde con invasores de predios). En fin, la lista de aspectos para criticar de la actual administración –como de cualquier administración pública– siempre será larga, y nadie podrá decir, con razón, que desde esta esquina, hemos callado ante errores o entuertos de esta administración municipal. Y sí, por supuesto que tenemos contratos publicitarios con la alcaldía. ¿Nos inhibe o coarta para informar y opinar? No rotundo. Nunca he recibido de los mandatarios locales (alcaldes o gobernador) mensaje alguno que limite en forma alguna nuestra libertad de prensa.

Sin embargo, estoy convencido que de los (pocos o muchos, según el lente con que se mire) aspectos resaltables de su administración ha sido la apuesta por construir un espacio para dialogar sobre la paz tanto nacional como local, y en dicho espacio formar gestores de paz que entiendan no solo las complejidades de nuestro conflicto, sino también, bajo la óptica de otras experiencias internacionales, las alternativas al mismo.

Sobra decir que Valledupar, tal vez, como ninguna otra región de Colombia, ha sufrido con la mayor crudeza la violencia guerrillera, paramilitar y de agentes del Estado. El mejor ejemplo de ello es que sólo aquí fuimos capaces de engendrar a dos monstruos de la guerra: a alias Simón Trinidad y a alias Jorge 40, dos hombres despiadados y viles, en antípodas ideológicas, pero similares como figuras que representan ambos el lado más brutal y sanguinario de nuestro conflicto armado. Sus vidas paralelas en sus causas belicistas fueron narradas con sapiencia por el escritor vallenato, Alonso Sánchez Baute, en su ya clásica obra “Líbranos del bien”.

Las críticas

Por ello, reitero, me ha sorprendido la mezquindad de las críticas tanto en contra de Natalia Springer, cerebro de la iniciativa, como en contra del alcalde Socarrás. Y me declaro sorprendido –no tanto por los insultos y adjetivos descalificadores, usuales en nuestra comarca – sino por la pobreza argumentativa de los ataques.

La principal crítica radica en el monto del contrato 552 del 19 de junio de 2015: $1.400 millones de pesos (¿A propósito cuántos de quienes lo critican se han tomado el tiempo de leerlo? ¿Repiten como loros lo que otros dicen?). A los detractores les parece carísimo e inconveniente por estar el municipio en Ley 550. Por el contrario, a mí dicha crítica me parece espuria y refleja ignorancia supina de quienes lo aducen. En efecto, organizar un ciclo de conferencia de dos meses con invitados internacionales de la talla de dos premios nobel alternativos de paz, expertos en justicia transicional como Sabine Kuterbach, Paul R. Williams (asesor de Collin Powels), Baltasar Garzón (juez español que instruyó el proceso contra Pinochet), el fiscal del tribunal internacional para la ex Yugoslavia, entre otras 19 personalidades, naturalmente que demanda tiempo y dinero. Sólo pensemos en la logística de movilizar a dichas personas (tiquetes aéreos, alojamiento, esquemas de seguridad, entre otros aspectos). Muchas de ellas cobran por dictar sus conferencias. Es algo usualmente aceptado en el mundo académico. Bill Clinton cobra entre $100.000 a $200.000 dólares. Tony Blair, ex primer ministro británico (quien visitó a Valledupar el año pasado en la Cumbre de Gobernadores) suele cobrar 190.000 euros por conferencia, en promedio.

Así, pues, que la Escuela Vallenata de Paz –que dura dos meses– por $1.400 millones esta por debajo del estándar internacional. Muchísimo más cuesta realizar el Festival Vallenato (más de $4.000 millones por 5 días de parranda cultural), el Festival a Salvo de la gobernación ($1.000 millones por un día de parranda y de culto a la personalidad del gobernante), la Cumbre de Gobernadores del año pasado, o la Feria Nacional Cebú ($2.500 millones por un fin de semana para ver exposiciones de ganado).

Tampoco es de recibo el argumento de que es inconveniente el gasto por estar la ciudad en Ley 550. En primer lugar, la Ley 550 no es una ley de quiebras como popularmente se le conoce. Es una ley de reestructuración de pasivos financieros. La diferencia es grande. Se entra a ella para poder reorganizar financieramente las deudas y poder funcionar sin tener que estar sujeto a la parálisis de la administración que causan los embargos judiciales, que dicho sea de paso, en nuestra ciudad responden a un cartel muy bien organizado con tentáculos en los altos tribunales. En este sentido, la Ley 550 no prohíbe la contratación de este tipo de eventos. La conveniencia o no de contratarlos es una legítima potestad discrecional del alcalde, sujeta al escrutinio de los órganos de control.

Los críticos

Más hirientes son los comentarios en redes sociales en contra de Natalia Springer, una persona con quien no tengo mayor cercanía (sólo he interactuado socialmente con ella en mi función de periodista), pero cuyo trabajo conozco desde mi época de estudiante de derecho en Los Andes. Su hoja de vida es impresionante y pocas personas en Colombia tiene semejante trayectoria: sicóloga y politóloga de la Universidad de Los Andes. Doctora en mecanismos de Justicia Transicional de la Universidad de Viena, Austria; maestría en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad de Pisa, Italia; especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. Paro aquí porque su palmarés es tan extenso que no cabría en esta ya larga columna.

Por todo ello casi me estrello (manejaba mi carro cuando oía el programa) del asombro cuando escuché al periodista Sergio López Gómez, afirmar con el mayor desparpajo, desde su tribuna de Caliente & Picante, que cualquiera con $1.400 millones podría organizar un proyecto para traer a Valledupar una serie de conferencistas para echar lora sobre la paz. No, don Sergio, ni Usted ni yo (y creo que nadie en Valledupar) tenemos la capacidad ni los contactos internacionales para organizar un evento que está llamado a transcender en la historia de Valledupar. Entiendo la ‘factura de cobro’ que tiene Usted y Carlos Cadena en contra del alcalde por los muchos papayazos que da su administración, pero en esta ocasión creo, sin asomo de duda, que tacan burro.

Tampoco creía ver la cínica crítica que a través de su cuenta en Twitter el periodista Limedes Molina Urrego (salvedad: no somos parientes, al menos no cercanos) lanzó en contra de Natalia cuestionando el contrato adjudicado. Comprendo que Limedes se moría de envidia y se la hacía agua la boca ya que no le bastó el contrato –ese sí absolutamente inocuo y estéril– que le adjudicó el alcalde años atrás por $200 millones. En esa época, Limedes era el mayor defensor de la administración, pero como no le renovaron el contrato al año siguiente, se volvió uno de sus mayores críticos.

En su afán por desacreditar a Natalia y al contrato, han traído a colación temas de su fuero privado: que tiene una relación sentimental con el viceministro de Vivienda Guillermo Herrera. Afirman sus detractores que el viceministro vino a Valledupar a presionar al concejo para que aprobara el POT y que, en contraprestación le dieron el contrato a Natalia. Tal acusación sin fundamento no merece mayor reparo, salvo que en la comarca no dejamos de ser un pueblo de chismosos donde reina la maledicencia y el despotricar del prójimo. El Concejo aprobó el POT porque la coalición mayoritaria del gobierno se impuso. Es fácil levantar suspicacias y sospechas infundadas cuando se tiene el deseo de hacer daño. Con este mismo raciocinio absurdo podría afirmar que el mismo Concejo (aconsejado por el viejo zorro Gaby Muvdi) decidió suspender el debate del empréstito de los $22 mil millones para que se acabara el periodo ordinario de sesiones y forzar al Ejecutivo a que convocara a sesiones extras, y de esta manera, los concejales devengar mayores honorarios por las extras. Cuando se hila tan delgadamente se corre el riesgo de romper el hilo (argumentativo).

Más allá de las críticas y de los críticos, no hay derecho a someter a Natalia a un linchamiento por las redes sociales. Atacarla con los más deleznables calificativos es, sin duda, un acto de matoneo virtual que habla muy mal de los emisores.

Qué lástima que Natalia haya tenido que conocer esa faceta mezquina y abyecta de los vallenatos. Ella que se ha declarado vallenata por adopción puso sus ojos en esta ciudad para hacer realidad este laboratorio de paz, habiendo otras ciudades en el país con mejores opciones en infraestructura y logística que las existentes en nuestra ciudad.

Juzguemos a Natalia y al alcalde por los resultados de la Escuela de Paz pero no satanicemos este proyecto antes de darle la oportunidad de vivir esa experiencia en la que, como sociedad, nos miremos al espejo de nuestras culpas, y colectivamente podamos exorcizar nuestros demonios y expiar nuestros ‘pecados’.

Creo que en su primera jornada quedó demostrado que el experimento puede dar buenos resultados y corroboró el poder de convocatoria de Natalia. Ver en un mismo escenario interactuando al candidato Sergio Araújo y a la senadora Claudia López para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y no en los estrados judiciales (o en la retórica de Twitter) es un buen indicio. Que el primero (quien ha sido blanco de los ataques de la segunda) haya tenido la oportunidad para hablarle a la senadora y tratar de demostrarle que no es el hampón que ella piensa, es un buen comienzo, refrendado por un apretón de manos.

Asimismo, que Imelda Daza Cotes, tras veinte años de exilio, haya regresado al Cesar a ser candidata a la gobernación de la izquierda democrática y en el auditorio del Gimnasio del Norte haya podido alzar su voz para contradecir las afirmaciones de la senadora liberal Sofía Gaviria y que ésta a su vez haya mantenido la calma y demostrado tolerancia ante la inesperada crítica, prueba que es posible construir aquí escenarios de paz.

Infortunadamente, en la Costa Atlántica ha hecho carrera que el mejor gobernante es aquel que más metros cuadrados de concreto construya (los incautos olvidan que los contratos de obra pública son la principal fuente de desviación de recursos públicos). Bajo este cuestionable criterio resulta claro que la administración Socarrás se rajaría pues, sin un peso de regalías, no pasaría el dudoso test de los metros cuadrados ante la feria del cemento que ampulosamente publicitan otras administraciones. No obstante, existen criterios más elevados para medir a un gobierno. Quienes creemos que la construcción de escenarios de paz es fundamental para parar la sangría y empezar a resolver nuestros conflictos no a través de las balas, sino de mecanismos pacíficos, estamos convencidos que la Escuela Vallenata de Paz es una iniciativa llamada a trascender en nuestra historia.

48 años atrás, el pintor Jaime Molina se burlaba de la Cacica por su empeño de hacer un concurso entre acordeoneros vallenatos y decía con el cantaito característico de los locales: “Eso no va pa’ ningún lao”. Similarmente, pocos le apostaron a la quijotesca idea de Lolita Acosta de fundar un periódico local “El Diario Vallenato”, escuela de periodistas de la región. Hay más ejemplos similares de iniciativas que en sus inicios fueron descalificadas ferozmente.

Démosle la oportunidad a Natalia Springer de sembrar la semilla de esta Escuela de Paz. Démonos también todos la oportunidad de desarmar nuestros espíritus y asistamos a este ciclo de conferencias con el ánimo de aprender. ¿Cuál es el miedo de escuchar a otros que han vivido conflictos similares al colombiano? Si esta Escuela de Paz fracasa, bienvenidas, entonces, las críticas. Yo estaré entre los primeros.

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