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Interventoría confirma graves irregularidades en obra de la Universidad Nacional Destacado

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Valledupar.-

Al dar respuesta al formulario enviado por la asamblea departamental en el debate citado por el diputado Eduardo Esquivel y que debía realizarse ayer jueves pero que inexplicablemente fue aplazado, la interventoría al contrato para la construcción de la sede de la Universidad Nacional de Colombia confirmó que en dicha obra existen graves inconsistencias que afectan la debida ejecución de los recursos públicos invertidos por la gobernación del Cesar. (Ver informe de interventoría)

Cabe recordar que el valor total del contrato es de $38.388.365.865, con un plazo inicial de 18 meses y con fecha inicial de entrega del 17 de febrero de 2015. Al firmarse el contrato el 12 de julio de 2013, se le entregó al contratista un anticipo del 40%, es decir, la suma de $15.355 millones. (Ver contrato de obra No. 2013-02-0812)

Sin embargo, según la interventoría a cargo de la propia Universidad Nacional, a la fecha,  la obra sólo lleva un 22% de avance en su construcción, a pesar de que, como se indicó, el contratista ya ha recibido el 40% de los recursos.

Lo más grave es que en dos oportunidades se ha cambiado el plazo de entrega de la obra, que inicialmente estaba prevista para ser entregada el pasado 17 de febrero, fecha que fue modificada primero para el 5 de abril de 2015, debido a la suspensión del contrato por el cambio de interventor entre el 25 de agosto y el 2 de octubre de 2014. Y, posteriormente, ante una solicitud del contratista se ha cambiado su entrega para el 14 de octubre de 2015.

Por otra parte, la interventoría reconoce en el informe rendido a la duma departamental que los recursos previstos inicialmente, no van a alcanzar para terminar la sede del centro universitario, pues “se tendrán unos incrementos en presupuesto considerables, de los cuales los más representativos pertenecen a: (i) el edificio de laboratorios debido a las mayores cantidades en estructura metálica, (ii) el edificio de Biblioteca, debido a requerimientos adicionales en cimentación y estructura, (iii) obras de urbanismo, porque las primeras obras no garantizaban la funcionalidad de las mismas, (iv) instalaciones eléctricas y dotación tecnológica de equipos, y (v) seguridad electrónica.”

En pocas palabras, según la interventoría, es necesaria una adición presupuestal al contrato “para ejecutar todas las actividades que comprende la obra”.

Finalmente, llama la atención que a pesar de que el contrato prevé la imposición de multas al contratista para asegurar la buena marcha de la obra, la gobernación del Cesar no haya hecho uso de este instrumento a pesar de que, como lo evidencia la interventoría, faltando menos de 8 meses para su entrega la obra sólo lleva ejecutado un 22%.

En efecto, en la cláusula vigésima del contrato se estipula que por el incumplimiento en el cronograma de obra, se impogan multas hasta de un 0.3% del valor del monto incumplido respecto a la programación contractual a la fecha de verificación, por cada día de atraso. Sin embargo, la gobernación no ha impuesto la primera multa al contratista, lo que sería evidencia de su actitud laxa y su falta de supervisión a esta obra.

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