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Hora de actuar

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Se cumplen los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos y sus ministro comienzan hacer sus balances de gestión. En la cartera agropecuaria, el balance lo veremos en un año, porque tomará un tiempo ordenar la casa.

Hay que reconocer el esfuerzo que el Gobierno Santos está haciendo por impulsar una política agraria que resuelva de una vez por todas el problema de falta de productividad y competitividad de nuestros productores del campo. En ese sentido, habrá que introducir reformas en la educación y capacitación de nuestros productores e invertir más en desarrollo tecnológico para tener mayores posibilidades de ocupar mejores espacios en los mercados internacionales. Así lo están haciendo un grupo de  485 pequeños productores de arroz con un veterano industrial, don Manolo Suso, en Jamundí (Valle del Cauca). Hoy obtienen cosechas de arroz con los menores costos ($3.6 millones por Ha) y mayores rendimientos (8 Ton/Ha) del país.

En esa misma dirección deben apuntar las recomendaciones de la Misión Rural. En Colombia estamos necesitando una política pública de acompañamiento y cooperación con el sector privado y para ello, tendrán que comenzar por eliminar un centenar de normas obsoletas y el exceso de regulación que impiden el desarrollo eficiente de la agricultura. Hay que diseñar urgente una nueva legislación acorde a las actuales condiciones sociales, económicas y culturales del país.

Pretender eliminar las ineficiencias del negocio agrícola significa que el Gobierno tendrá que revisar el ineficiente servicio de asistencia técnica que prestan las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas). Las millonarias ayudas que el Ministerio de Agricultura destina a este programa deberían exigir de los alcaldes un compromiso serio en el nombramiento de profesionales agropecuarios en dichos cargos y la asignación de recursos complementarios a las ayudas del Estado.

En la misma dirección, se debe implementar un plan de uso de suelos para todos los municipios del país. Con esa herramienta, los alcaldes (a través del POT rural) podrán convenir con los agricultores qué cultivos se pueden desarrollar competitivamente. Además, sabrán planear mejor la inversión en la construcción de centros de acopio y vías terciarias. Que el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) se dedique a cumplir este propósito. Que no haga más ‘ná’.

Mientras el Congreso de la República aprueba la Ley que busca reglamentar el manejo y adquisición de tierras baldías, habrá que destinar unas zonas para incentivar -a través de contratos de arrendamiento a largo plazo-, la siembra de grandes extensiones de cereales para sustituir la importación de 9,8 millones de toneladas de alimentos y generar esos empleos acá.

Financiar a través del BID un programa que ofrezca mejores servicios de calidad en términos de sanidad agropecuaria, la compra de nuevos equipos y la capacitación a los funcionarios del ICA para que presten un mejor servicio de control y erradicación de plagas y enfermedades incrementará los rendimientos de los cultivos y abrirá nuevos mercados externos.

La agricultura se ‘escribe’ con agua y si en Colombia montamos un sistema de concesión de construcción de presas y canales de irrigación en las regiones donde se cultiva el arroz, maíz, palma y algodón, entre otros, incrementaremos en un 35% la productividad en estos sectores.

Como lo dijera el ministro Iragorri, se acabó la carreta, llegó la hora de actuar.

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