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Crédito agrario

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Fue un 22 de enero de 1990, cuando el expresidente Virgilio Barco con sus ministros de Agricultura y Desarrollo Económico, Gabriel Rosas Vega y María Mercedes Cuéllar, decidieron instaurar en Colombia un nuevo Sistema Nacional de Crédito Agropecuario –SNCA–.

El esquema fue muy práctico. Se instituyó una Comisión que administrara la política de financiamiento agrario del país, integrada por el ministro de Agricultura, el gerente del Banco de la República, el director del DNP, el presidente de la Caja Agraria y dos representantes del presidente de la República. Al mismo tiempo se creó un banco de segundo piso –Finagro– con el objetivo de financiar las actividades del sector agropecuario mediante el redescuento de las operaciones de crédito que realizan las entidades financieras, y se estableció un Fondo Agropecuario de Garantías para respaldar los créditos de aquellos productores que no tuvieran suficientes garantías.

Como los únicos integrantes del SNCA en esa época eran la Caja Agraria, Banco Ganadero, Banco Cafetero y un par de Fondos Ganaderos, el Gobierno optó por imponerle al resto de las entidades financieras un monto de inversión forzosa a través de créditos directos al sector agroindustrial o mediante la compra de unos Títulos de Desarrollo Agropecuario –TDA– que emite Finagro.

Transcurridos 24 años, el SNCA ha quedado reducido al Banco Agrario con una participación del 35% del total de los créditos que se colocan al sector agro en el país. El 65% restante son colocados por las entidades financieras con recursos propios. Por esta razón, el SNCA ha venido decreciendo en la colocación de créditos al pequeño productor. Y no es por falta de recursos. En la Carta Circular No. 92 del pasado 20 de octubre, la Superintendencia Financiera le informó a 54 establecimientos de crédito del país la inversión forzosa que deben hacer a favor de Finagro por un monto de 3,2 billones de pesos, destinados exclusivamente a créditos para pequeños productores. Por su parte, el Banco Agrario (uno de los más rentables del país) tiene dentro de sus disponibilidades (portafolio) más de 9 billones de pesos disponibles. Revisando las estadísticas de Finagro, entre enero y septiembre de este año, los pequeños productores solo han recibido créditos por valor de $1,2 billones. Claramente, el problema es de gestión.

Otro tema importante que debe revisarse dentro del SNCA es del Fondo Agropecuario de Garantías –FAG–. Muchas entidades financieras del país coinciden en que Finagro debe simplificarles las condiciones para hacer efectivo el pago de las garantías cuando se ha reportado el siniestro de un crédito. Ello restablecería la confianza en la idoneidad de este instrumento e incentivaría el acceso al crédito de miles de productores del campo.

En buena hora, el Gobierno Nacional a través del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, está revisando estos esquemas de financiamiento y de incentivos al sector agropecuario para volverlos más ágiles y eficientes. Y si logra solucionar los problemas de fragilidad en las estructuras de producción, transformación y comercialización de las explotaciones agroindustriales (por la falta de articulación entre los eslabones de las cadenas agroalimentarias), habrá resuelto en gran medida el problema de acceso al crédito de miles de productores del campo. ¡Por ahí es el cuento!.

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